El prometido y ejecutado recorte a la "casta", que algunos insisten en no ver, ha provocado en los municipios que las retribuciones a los ediles y funcionarios hayan quedado estancadas.

La ley de Municipalidad en Moreno, versa en su artículo 125 que "el intendente gozará del sueldo que le asigne el presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a 10 sueldos mínimos del escalafón" local.

De esta forma el sueldo básico de la intendente municipal Mariel Fernández quedó establecido en 3.165.754,4 millones de pesos, el de un funcionario en 652.121,15 y el de un concejal en 989.289,25.

Los casos paradójicos se dan en las concejalías, por ejemplo, Lucas Franco, que en el caso de volver a su antigua tarea dentro de la esfera de ReNaPer, su salario seria mayor a lo que percibe actualmente.

Ni hablar de la docente en retiro efectivo María Selva Aguilar, que debe haber escogido continuar cobrando su jubilación, mucho más abultada por lo que percibe por su concejalía.

En resumen, la actividad ha quedado relegada para holgazanes con el CUIL virgen y para políticos profesionales que no dependen del sueldo estatal, cosa que escasea por estos lugares.

Javier Milei en definitiva ha quebrado sin proponérselo, con la lógica berreta de prenderse al estado para sobrevivir, por tanto, el único "negocio" que continua vigente son los de las cámaras provinciales, hasta que sea plausible la unificación de las mismas a través de la modificación de las Constituciones provinciales, cuestión que será impulsada a través de las mayorías que se consigan a partir de las elecciones intermedias de 2025.