Con fecha 10 de abril de 2024 la Inspección General de Justicia (IJG), había hecho a lugar al planteamiento de nulidad planteado por el señor Adolfo Carlos Santo Guiraldes, a la resolución producida por esta misma el 7 de diciembre de 2023 en la cual se designaban e inscribían nuevas autoridades.

El avance del Ejecutivo local al mando de Mariel Fernández, sobre la propiedad y obra pictórica de la Fundación Molina Campos comenzó el 7 de agosto de 2021 a partir de una denuncia realizada a la (I.G.J) en manos de La Cámpora (LC), durante el Gobierno de Alberto Fernández. 

La denuncia realizada por el Municipio de Moreno origino la apertura de una actuación sumarial, y con fecha 14 de junio de 2022 se dictó la resolución 700, propiciando la intervención de la fundación, designándose como interventor a Denis Damián Turnes, un abogado de origen extranjero con antecedentes penales; ligado a Juan Grabois y a manteros africanos de la zona de Flores.

Dicha intervención fue recurrida por las autoridades desplazadas, ante la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el 10 de noviembre 2022; pero se interpuso una nueva resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de aquel momento, que prorrogaba por otros 180 días la intervención de Turnes.

El 21 de julio de 2023 el presidente desplazado (Guiraldes) interpuso un nuevo recurso de apelación contra esa prórroga, pero la misma fue rechazada.

Con fecha 15 de noviembre de 2023 y 1 de diciembre 2023, el interventor Turnes presenta un informe de lo actuado, la misma incluye una denuncia penal contra las anteriores autoridades (fogoneada por el nieto del artista, Gonzalo Giménez Molina), enfrentado al consejo de la administración de la fundación, por el lugar en donde debería emplazarse el nuevo museo.

Se acusa por el desapoderamiento de 39 obras, venta de una obra, confección de balances falsos y denuncia falsa de extravió de libros; todo con el guion de Giménez Molina.

De esta manera Denis Turnes se transforma en juez y parte y propone el nombramiento de nuevos administradores, que son aceptados en forma sumaria por la IGJ camporista; pero que nunca fueron designados; incurriendo en un error procesal incumpliendo además con los requisitos formales para la inscripción.

Es el mismo Turnes el que se apersona sin aviso en San Antonio de Areco y secuestra las obras sin el mínimo cuidado requerido para el traslado de los cuadros.

Nuevamente el 16 de septiembre de 2024, el asesor letrado Carlos Stefani Lauga, patrocinante de las anteriores autoridades, denuncia irregularidades de procedimiento, plantea la nulidad de lo dictado y origina un nuevo recurso de apelación.

Por todas estas irregularidades el inspector general de Justicia Daniel Roque Vitolo, resuelve dejar sin efecto el Consejo de Administración propuesto por el ex interventor Denis Turnes y solicitándole al Ministerio de Justicia de La Nación, designe un nuevo interventor y notifique a la única Fundación Molina Campos preexistente de la medida.

Esta resolución tomada por Vitolo se trató del primer revés judicial recibido por Mariel Fernández, días antes que procediera con la inauguración de Museo y el desalojo compulsivo de la casera y su familia del lugar, que bajo amedrentamiento fue depositada en dos casas del plan federal La Perla (sin lugar a duda otra irregularidad flagrante). 

El 29 de mayo de 2024, Mariel Fernández, autoriza a compulsar a una funcionaria/militante de entidades intermedias del Municipio (Camila Quevedo), con el patrocinio de otro funcionario del municipio el abogado Nahuel Berguier, secretario de Justicia y Derechos Humanos; que plantea la nulidad de la notificación de la I.G.J.

Por último, el 14 de junio del corriente año, el Inspector General de Justicia, doctor Daniel Roque Vitolo, vuelve a denegar el recurso interpuesto por Berguier y de esta manera Mariel Fernández recibe el segundo traspié judicial de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Más temprano que tarde Mariel Fernández deberá devolver la propiedad privada y las obras del artista plástico a sus antiguos tenedores, so pena de recibir una causa penal que agrave aún más las consecuencias para el fisco municipal.