El Ministerio de Capital Humano, presidido por Sandra Pettovello, presentó ante la Justicia nueva documentación sobre "comedores fantasmas", que recibieron por parte de la ex cartera de Desarrollo Social, alimentos y millonarios subsidios para asistir a personas vulnerables, pero al auditarlos se corroboró que no existen.
En total fueron 503.119.219 pesos distribuidos en solo seis cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteras.
Los fondos, según se asegura en el escrito presentado en el Juzgado Federal de Ariel Lijo y la Fiscalía de Ramiro González, no fueron rendidos, sino que fueron "reteniendo para sí o para terceros los fondos públicos, alterando el fin para el cual la administración los destinó".
En la denuncia a la que accedió este medio, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el director general de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano, le explicaron al juez y al fiscal que las pruebas que aportan "hacen referencia a las constancias de alimentos y subsidios que eran entregados por el entonces Ministerio de Desarrollo Social a diferentes organizaciones sociales que había preinscrito comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM) y que conforme las auditorías llevadas por Capital Humano en el transcurso de este año se pudo verificar la inexistencia de los mismos".
Gianni y Romano informaron también que "se pudieron identificar a los responsables de los delitos denunciados" y que esos datos se desprenden "de la firma del convenio", ya que "cada organización declaraba la cantidad de comedores que tenía a su cargo".
Además, "se obligaba a registrar cada comedor/merendero ante el ReNaCoM e informar fehacientemente todo cambio en los datos de registro", como, por ejemplo: cambios en la dirección, nombre o teléfono. Los dirigentes sociales también estaban obligados a "destinar el dinero a alimentos, rescindir cuenta y mantener la trazabilidad de la entrega de los alimentos", un hecho que apenas sucedió en menos del 10 por ciento de los comedores y merenderos comunitarios.
La cartera a cargo de Sandra Pettovello acompañó la presentación judicial con planillas Excel de las organizaciones que recibieron dinero en función de comedores que declararon, pero que al momento de realizar el monitoreo: "Los comedores y merenderos no existían. Ello, sin que haya habido por parte de la organización notificación alguna al respecto, o hayan solicitado la reasignación de los fondos o hayan devuelto lo excesivamente recibido".
En el escrito, los abogados de Capital Humano acusaron a las organizaciones sociales y piqueteras de acordar "recibir dinero para comedores que no existían, reteniendo para sí o para terceros los fondos públicos alterando el fin para el cual la administración los destinó", es decir para los sectores más vulnerables de la población. A modo ilustrativo, Gianni y Romano destacaron algunas de las irregularidades detectadas en las auditorías que aún se siguen desarrollando.
Según los datos que manejan en la Casa Rosada, la Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada depende de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la organización piquetera que lidera el ex diputado Juan Carlos Alderete y que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La CETYS es una organización a la que en principio no se le puede adjudicar una vinculación directa con un movimiento social en particular, sin embargo, recibió fondos por 687.500.000 pesos en 30 meses ya que entre sus funciones realizaba tareas vinculadas con el programa Potenciar Trabajo, como capacitaciones a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que eran derivados por organizaciones sociales agrupadas en la UTEP.
Asociación Civil 8 de Junio. "Recibió el 10 de noviembre de 2023 más de 123 millones de pesos para abastecer a 50 comedores/merenderos los cuales a la fecha no rindió". Los comedores eran La Florida, Los Chikis y Comedor Clarita que resultaron ser "inexistentes conforme lo declarado ante el ReNaCoM".
Esta organización también está vinculada a la UTEP y su objetivo, según su página web, es "aportar a los sectores de la Economía Popular, Social y Solidaria asistencia técnica y capacitación para la gestación, fortalecimiento de proyectos productivos y de asistencia y desarrollo comunitario".
Capital Humano también informó a la justicia que se entregaron "subsidios no reintegrable a favor del Centro de Estudios para la Autogestión de la Economía de la provincia de Buenos Aires con destino a financiar la Adquisición de alimentos frescos y secos, artículos de higiene y limpieza y gastos administrativos y operativos Comedores y Merenderos para personas en Situación de Vulnerabilidad Social, asistentes a Comedores y Merenderos en la Provincia de Buenos Aires, pero como se pudo constatar mediante los relevamientos que el comedor Los Girasoles pertenecientes a la mencionada organización social, se pudo constatar que en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero".
También se entregaron subsidios no reintegrable a favor de la Fundación Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, "destinado a financiar la Adquisición de alimentos frescos y secos, artículos de higiene y limpieza y gastos administrativos y operativos Merenderos y Comedores para personas en Situación de Vulnerabilidad Social, asistentes a Merenderos y Comedores de la Provincia de Buenos Aires, pero nuevamente, se puede observar a través de los relevamientos hechos por el Ministerio de Capital Humano que el comedor 30 de Agosto tampoco existía".
La Fundación Conurbano, según acreditaciones que tiene este medio, está relacionada con un ex funcionario de la Municipalidad de Lomas de Zamora y con estrecha relación con ex dirigentes del Gobierno de Alberto Fernández.
La documentación aportada por los abogados Gianni y Romano alimentan la causa caratulada como "defraudación contra la administración pública y Abuso de Autoridad".