La expresión institucional del Gobierno de Mariel Fernández tuvo contundencia: ningún proyecto en favor del crecimiento de la Universidad Nacional de Moreno debía avanzar.

En 2023 el acto final resultó la ocupación de la tierra destinada a la ESPUNM e ITUNM, en los primeros días de marzo. Si la política desechó el diálogo, por parte del Ejecutivo local, avalado por Nación y Provincia, el sendero judicial es el último resorte que tiene movimiento.

El próximo 5 de febrero es el plazo límite para saber si la Municipalidad de Moreno sostendrá su posición ante la justicia federal, pero también la gestión de Axel Kicillof que deberá hacer su descargo al "haber avalado la petición de la mismísima intendente formulada en una carta y que ARBA convalidó livianamente".

Si Provincia se desentiende obliga al Municipio a demostrar qué es lo que tiene para considerarse propietario de la tierra, instancia que carece de documentación que lo respalde.