La disputa por el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires escaló con un nuevo movimiento judicial. CECAITRA se incorporó formalmente a una causa en trámite ante la UIF número 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y respaldó una presentación contra el empresario Leandro Camani, vinculado a la firma Secutrans.

Según el escrito, Camani habría desplegado un esquema sistemático de presiones y extorsiones, utilizando denuncias penales como herramienta para condicionar a competidores, forzar salidas del mercado y consolidar posiciones dominantes dentro de un sistema que involucra recursos públicos, convenios municipales y miles de puestos de trabajo. La presentación sostiene que no se trata de un conflicto comercial aislado, sino de un patrón de conducta reiterado.

Uno de los puntos más sensibles del planteo es la incorporación de antecedentes periodísticos y judiciales que mencionan vínculos indirectos del empresario con personas investigadas por delitos de narcotráfico. Sin atribuirle responsabilidad penal directa, el escrito señala como hecho objetivo que un imputado por narcotráfico fue detenido conduciendo una camioneta registrada a nombre de Camani, contexto que la fiscalía debería considerar al evaluar la credibilidad y motivación de sus denuncias.

El impacto del conflicto ya se refleja en el territorio. Municipios como San Isidro y Mar del Plata avanzaron con suspensiones de radares, otros optaron por no avanzar en contratos, como Quilmes, y en el plano político y gremial se registran distanciamientos de antiguos aliados del empresario frente a la escalada judicial.

La presentación también describe un mecanismo recurrente que incluiría advertencias previas, exigencias económicas o contractuales y posterior judicialización ante la negativa de los interlocutores. Como antecedente, se menciona la denuncia impulsada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que también es seguida dentro del expediente.

En paralelo, el conflicto empieza a generar costos políticos dentro del Gobierno bonaerense. Fuentes del sector apuntan a la falta de respuestas del ministro de Transporte, Martín Marinucci, frente a un sistema atravesado por denuncias, rescisión de contratos y causas judiciales. En la Gobernación reconocen que la situación se transformó en un foco de desgaste para el gobernador Axel Kicillof, al tratarse de una de las cajas más sensibles de la Provincia.

Con este movimiento, CECAITRA formalizó su ingreso en una guerra empresarial que dejó de ser técnica o administrativa y pasó a tener derivaciones judiciales, políticas y sindicales. La causa de las fotomultas vuelve así al centro del debate público, no solo por la puja entre empresas, sino por el uso del sistema judicial como herramienta de presión y por la responsabilidad política de controlar un negocio atravesado por intereses millonarios y recursos públicos.