El Municipio de Moreno incorporó una nueva tasa que obliga a los vecinos a informar y pagar incluso por pintar la fachada principal de sus viviendas, una medida inédita que generó fuerte polémica y elevó a 38 el número total de tasas municipales que deben abonar los contribuyentes del distrito.

La disposición quedó establecida en la nueva Ordenanza Fiscal, que equipara trabajos de mantenimiento exterior con obras de construcción, rompiendo con la práctica histórica y con la jurisprudencia vigente. Tradicionalmente, las tasas de construcción se calculan por metro cuadrado de edificación, no por arreglos externos como pintura, refacciones menores o mejoras estéticas, pero la gestión local decidió avanzar igualmente con este esquema.

Desde distintos sectores advierten que la medida constituye un fuerte apriete fiscal que grava incluso el mantenimiento básico de los inmuebles, impactando de lleno tanto en propietarios como en comerciantes. La crítica central apunta a que se trata de un ajuste silencioso, que amplía la carga tributaria sin una contraprestación clara y sin mejoras visibles en los servicios municipales.

Con esta incorporación, Moreno alcanza un total de 38 tasas municipales, un número que genera alarma entre contribuyentes y especialistas, quienes señalan que el distrito se ubica entre los de mayor presión fiscal a nivel local. La obligación de informar al municipio por pintar una vivienda fue señalada como un caso extremo, por su carácter inédito y por el nivel de intervención estatal sobre la propiedad privada.

Si bien la normativa podría ser objeto de cuestionamientos judiciales, fuentes del ámbito legal advierten que el fuero Contencioso Administrativo viene avalando decisiones similares en municipios de la Zona Oeste. En los últimos años, ese ámbito judicial convalidó excepciones sin control, modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano sin estudios técnicos previos y diversas irregularidades institucionales.

A diferencia de lo que ocurre en el plano nacional, donde los amparos suelen prosperar frente a medidas de este tipo, a nivel municipal prácticamente no prosperan acciones judiciales, lo que deja a los vecinos con escaso margen de defensa ante nuevas cargas impositivas.