La discusión sobre la delegación del cobro y la gestión de tasas municipales a una empresa privada volvió a escalar en Mar Chiquita luego de que trascendieran denuncias públicas contra Camani, titular de Tránsito Seguro, impulsadas por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, un dato que abrió interrogantes sobre los antecedentes de las firmas que podrían participar del proceso y su eventual impacto institucional.
En el plano político, comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre si el municipio evaluó formalmente los antecedentes empresariales, si se solicitaron informes técnicos y jurídicos, y qué consecuencias reputacionales podría implicar asociar la recaudación local a compañías con cuestionamientos en la esfera pública.
El eje del debate gira en torno a la decisión del Ejecutivo de avanzar con un esquema de tercerización para la recaudación, una función que distintos sectores consideran estratégica e indelegable del Estado, lo que obliga a definir con precisión los mecanismos de control, auditoría y transparencia que regirían el contrato.
En ese marco, concejales y referentes políticos reclaman acceso al detalle técnico del pliego, incluyendo el sistema de comisiones, porcentajes o beneficios económicos que percibiría la empresa adjudicataria, así como las garantías concretas que permitan supervisar la operatoria sin afectar la autonomía municipal.
A su vez, se instaló el interrogante sobre el beneficio real para los vecinos de Mar Chiquita, ya que el argumento oficial se vincula con una mejora en la eficiencia recaudatoria, mientras que sectores críticos advierten sobre la posible pérdida de control estatal sobre ingresos claves.
La discusión también adquirió un componente ideológico, dado que a nivel nacional el kirchnerismo ha cuestionado históricamente procesos de privatización o tercerización de funciones públicas, lo que obliga a encuadrar esta decisión dentro de esa línea política y evaluar su coherencia con las identidades partidarias locales.
En paralelo, se puso el foco en las definiciones políticas que aún no se expresaron con contundencia, las eventuales conversaciones con referentes provinciales o nacionales de La Cámpora sobre el pliego, y el posicionamiento interno frente a la conducción del intendente Walter Wischnivetzky y el rol del senador Jorge Paredi en la iniciativa.
El escenario se completa con una incógnita central en el Concejo Deliberante: si el acompañamiento al proyecto estará condicionado a exigencias de transparencia y control, o si, en caso de rechazo, se presentará una alternativa propia para sostener la recaudación sin delegar funciones sensibles, en un debate donde también se discute la independencia del voto político frente a alineamientos locales y la responsabilidad institucional de resguardar los recursos municipales.
